Los políticos del Parlamento Europeo han votado de forma abrumadora en contra de las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministros de alimentos, con 600 votos a favor, 48 en contra y 24 abstenciones, se está enviando un mensaje claro y directo a la Comisión Europea, que tome medidas iniciando una acción legislativa que ponga fin a este tipo de prácticas. Los europarlamentarios quieren que se garanticen los ingresos justos a los productores y que se facilite variedad de elección a los consumidores para que no ocurran situaciones como la que hemos comentado en este post, hablando sobre la diferencia de precio en origen y destino del pepino.
La resolución que se ha aprobado hoy persigue alcanzar más transparencia y equidad en las relaciones entre productores, proveedores y distribuidores, además se pretende combatir la sobreproducción y despilfarro. De este tema se ha hablado en muchas ocasiones y desde hace años, pero todas las propuestas e iniciativas que se han adoptado no han servido de gran cosa. Los parlamentarios consideran que es prioritario mejorar el equilibrio entre los proveedores y los supermercados, apuntando especialmente a los hipermercados.
Se pretende acabar con prácticas tan desleales como la repentina cancelación de los contratos que se tienen con los proveedores sin ninguna justificación, la modificación unilateral de los contratos, el retraso de los pagos, la restricción del acceso al mercado, o aplicar los costes de la descarga o el almacenamiento de los alimentos a los proveedores. Claro, que se podrían añadir otras cuestiones, como por ejemplo pagar una tarifa plana por tener presencia en un lineal, o aplicar descuentos por pronto pago que son impuestos por los centros de distribución.
En la industria alimentaria el desequilibrio es muy notorio, las grandes compañías del sector cuentan con más recursos, tienen mayor capacidad y poder de negociación a la hora de alcanzar acuerdos y crear relaciones comerciales con otras empresas, un conjunto de ventajas que, evidentemente, utilizan en su beneficio. El poder en la industria alimentaria cada vez está más concentrado en las grandes empresas, y se ha creado un desequilibrio que ha provocado que en ocasiones, las pequeñas empresas sean objeto de prácticas comerciales desleales. Para los eurodiputados es inaceptable que estas grandes empresas abusen de las grandes diferencias en la capacidad de negociación para aplicar las prácticas comerciales que más les convengan.
Algunos representantes de la industria agrícola celebran el resultado de la votación realizada en el Parlamento Europeo, pero ¿sirve de algo?, ¿qué diferencia hay entre esta solicitud y otras realizadas anteriormente? Como ya hemos comentado, se han enviado a la Comisión Europea muchos mensajes sobre esta cuestión y poco se ha realizado al respecto.
Quizá sería hora de realizar alguna reforma para que la Comisión Europea no se encargara de determinados temas, siendo el Parlamento Europeo o el Consejo de Ministros quienes se ocupen de tomar determinadas decisiones. Hemos visto que la CE ha retrasado la presentación de informes como el relacionado con el uso y el etiquetado de los ácidos grasos trans en los alimentos, ha pretendido aumentar la tasa de mercurio permitida en el pescado de mayor tamaño, ha autorizado importar cítricos con pesticidas peligrosos, ha priorizado la importación de alimentos de terceros países frente a los producidos en suelo comunitario, y así un largo etcétera, la lista de decisiones que juegan en contra de los consumidores y pequeñas empresas es muy amplia.
El Parlamento Europeo considera que los desequilibrios en la cadena de distribución se deben abordar con carácter urgente a fin de poder incrementar la capacidad negociadora de los productores del sector alimentario. Se considera que acciones como la venta a pérdidas, es decir, ventas de productos por debajo del coste de producción como reclamo para captar clientes, es una seria amenaza contra los productores comunitarios. Se quiere imponer una serie de reglas para poder hacer frente al denominado “factor miedo” que entra en juego en las relaciones comerciales. La parte más débil del acuerdo no puede hacer un uso efectivo de sus derechos y no realiza una denuncia por temor a poner en peligro su relación comercial. Y se pretende también garantizar que agricultores y consumidores cuenten con unas condiciones justas de venta y compra.
En la página web del Parlamento Europeo leemos “La UE ya cuenta con legislación para combatir prácticas desleales del comerciante al consumidor (directiva 2005/29/EC), pero no hay reglas específicas para mediar entre los agentes de la cadena de distribución, aunque algunas prácticas sí están cubiertas en la legislación de competencia.” Esto muestra que queda mucho por hacer para acabar con las prácticas comerciales desleales. La resolución del PE no es legislativa, pero se envía un nuevo mensaje a la CE, veremos si sirve de algo.
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