La Unión Europea tiene prevista una cartera de acuerdos comerciales con terceros países similares al CETA (Acuerdo Integral de Economía y Comercio entre Canadá y la Unión Europea) y al TTIP (Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión), son acuerdos que se pretenden poner en marcha con México, Indonesia, Japón y otros países, e incluyen muchos de los puntos controvertidos que aparecen en los dos acuerdos citados, el TTIP con Estados Unidos archivado provisionalmente, y el CETA con Canadá aprobado provisionalmente. Estas son las conclusiones que aparecen en un informe elaborado por la organización alemana de consumidores Foodwatch y el movimiento climático internacional Global PowerShift.
En el informe se asegura que los nuevos acuerdos comerciales de la UE perjudican al consumidor, a la salud y al medio ambiente debido a cláusulas que debilitan el principio de precaución o a la cláusula de salvaguardia en el contexto de la protección de los consumidores y la salud, cláusulas específicas para solucionar controversias entre los inversores y los estados, o la puesta en marcha de comités comerciales con un control democrático insuficiente.
Son acuerdos que, según el documento, a pesar de que existen varios riesgos, los puntos de las negociaciones se ocultan a los ciudadanos europeos. Además se destaca que en la mayoría de los casos, las negociaciones no se han hecho públicas, algo que para muchos es inadmisible, por lo que se realiza un llamamiento a la Unión Europea para que paralice las negociaciones y revise su política comercial.
El informe se titula “Comercio a cualquier precio” y en él se investigan cinco acuerdos comerciales con Japón, Vietnam, Indonesia, México y Mercosur o Mercado Común del Sur, bloque formado por diferentes países sudamericanos, como por ejemplo Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, etc. Según el estudio, en algunos casos las negociaciones están muy avanzadas, en otros se ha realizado la primera toma de contacto, pero en todos existen elementos muy controvertidos que aparecen en los tratados TTIP y CETA y prácticamente no se han realizado cambios. Por ello, se considera que el ejecutivo de la UE no ha aprendido nada a raíz de las protestas que se han llevado a cabo contra el CETA y el TTIP.
De nuevo se pone en la palestra que los intereses comerciales están por encima de cuestiones tan importantes como las normas ambientales, la salud y protección de los consumidores o los principios democráticos que rigen la UE entre otras cuestiones, como decíamos, son acuerdos que están por encima de los intereses de los ciudadanos comunitarios. Se requiere a la Comisión Europea que detenga las negociaciones porque dichos acuerdos no sólo pretenden eliminar los aranceles, también degradan los niveles de protección de los consumidores y del medio ambiente reduciéndolos. Hay que apuntar que las organizaciones que denuncian este tipo de tratados manifiestan que no se oponen al comercio, siempre y cuando sirva al interés público y no sólo a los intereses de las empresas, algo que ya hemos visto en los tratados con Canadá y Estados Unidos.
Ninguno de estos acuerdos tiene disposiciones que salvaguarden el principio de precaución de la UE, pero sí hacen referencia a las obligaciones legales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyo principio de precaución nada tiene que ver con el de la Unión Europea, no ofreciendo el mismo grado de protección. Por ejemplo, una sustancia podrá ser aprobada y utilizada hasta que no se demuestre con suficientes evidencias que puede suponer un peligro. Es decir, el funcionamiento es al revés del que se lleva a cabo en la UE, donde una empresa puede obtener la aprobación para el uso de un producto químico, siempre que primero proporcione las evidencias científicas que demuestran que se trata de un producto seguro.
Como ocurre con el CETA, en estos nuevos acuerdos las corporaciones tendrán derecho a demandar a los Gobiernos si interfieren en su actividad y esto afecta a sus ganancias. Se prevé el establecimiento de comités que tienen el poder de hacer cambios importantes sin control democrático y, por supuesto, sin tener en cuenta consecuencias colaterales, aquí lo importante es el negocio. Se planean regulaciones (sacrificio de normativas) sobre el medio ambiente, la salud y la protección del consumidor que favorezcan a esos terceros países, recordemos que en muchos casos estas cuestiones son mucho menos estrictas en ellos.
Algunos ejemplos sobre estos acuerdos que se puede citar son el acuerdo de libre comercio con Mercosur, este acuerdo permitiría que las empresas brasileños productoras de carne con una elevada productividad y precios muy bajos exportaran masivamente al mercado comunitario. Esto provocaría que Brasil aumentara su producción, deforestando grandes extensiones para poder tener más ganado. Esa carne más barata afectaría de forma significativa y negativa a los pequeños productores comunitarios, a esto hay que sumar que la normativa sobre calidad y seguridad es mucho más relajada en Brasil, por lo que la UE permitiría la introducción de carne de calidad cuestionable.
Un acuerdo con Japón sería contraproducente para los consumidores, la razón es que en ese país se utilizan muchos más pesticidas que en la UE y los alimentos contienen muchos más residuos de estos productos químicos. La Unión Europea tendría que relajar su normativa permitiendo la entrada de alimentos, algunos con sustancia actualmente prohibidas en la UE. Un acuerdo con Indonesia daría lugar a una expansión de la producción de las plantaciones de aceite de palma, recordemos que en la actualidad la UE promueve el cultivo sostenible de aceite de palma, pero sólo a través de iniciativas voluntarias, con el acuerdo se incrementarían las emisiones de gases de efecto invernadero por la creación de nuevas áreas de cultivo.
Este deseo de la UE de alcanzar acuerdos comerciales a cualquier precio supone un paso atrás en las políticas comunitarias que protegen el medio ambiente, a los consumidores y a la salud, seguramente quienes orquestan estos acuerdos son conscientes de ello y la denuncia de Foodwatch posiblemente caerá en saco roto, pero es necesario que la población conozca los planes de la UE y como en el caso del CETA y el TTIP, se movilice y se oponga a acuerdos que no estén en consonancia con la actual legislación comunitaria.
El informe de Foodwatch es muy interesante y merece la pena leerlo, podéis acceder a este documento a través de este enlace (Pdf).
Foto 2 | Chris McKee
No hay comentarios:
Publicar un comentario