El pasado 25 de julio entró en vigor en San Francisco (Estados Unidos) una ordenanza que obliga a incluir en los refrescos azucarados mensajes de advertencia para la salud, como por ejemplo “El consumo de bebidas con azúcar añadido contribuye a la obesidad, la diabetes y la caries dental”. Pues bien, la WLF (Washington Legal Foundation) organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo defender y promover los principios de la libertad y la justicia, ha presentado un escrito en el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de Estados Unidos, instándole a que se prohíba esta ordenanza, ya que se considera que se violan los derechos de la Primera Enmienda.
Se considera que se obliga a las empresas a poner en los refrescos etiquetas de advertencias para la salud que denigran el producto que fabrican y comercializan. Los responsables de la Washington Legal Foundation consideran que se trata de un discurso obligado que es constitucionalmente inadmisible, obliga a los fabricantes a transmitir un mensaje que se puede objetar, interfiriendo en la capacidad que tienen de transmitir su propio mensaje. Esta fundación argumenta además que la Primera Enmienda protege el derecho a hablar, pero también el derecho a no hablar, por lo que no se puede obligar a los fabricantes a que transmitan un mensaje gubernamental.
La WLF explica que todos los fabricantes, hablando de la Asociación Americana de Bebidas, la Asociación de Minoristas de California y la Asociación de Publicidad del Estado de California, están de acuerdo en que el consumo elevado de refrescos y bebidas con azúcares añadidos puede ser perjudicial para la salud, ya que consumir cantidades excesivas de cualquier alimento que contenga azúcar, es proporcionar al organismo un exceso de calorías que no aportan beneficios. Sin embargo, no existen evidencias de que el consumo moderado de refrescos sea perjudicial, también se podría argumentar que los fabricantes no obligan a los consumidores a abusar de sus productos y que deben ser los consumidores los que tengan la responsabilidad de moderar el consumo.
San Francisco es libre de proporcionar a los consumidores información adicional sobre las bebidas azucaradas, pero debe realizarlo por cuenta propia y sin utilizar el producto de los fabricantes. En esta ordenanza se exige a las empresas que incluyan la advertencia y que esta ocupe al menos el 20% del área de publicidad. Merece la pena recordar que en California se realizó la misma propuesta, se pretendía etiquetar todos los refrescos y bebidas azucaradas que superaran las 75 calorías con mensajes de advertencia para la salud, pero el Proyecto de Ley se paralizó por la votación de la Asamblea Estatal de California, al no haberse alcanzado el número de votos necesarios para aprobar la nueva legislación, de ello hablábamos aquí.
Según hemos leído aquí, a mediados de julio se solicitó al tribunal de Distrito que se diera marcha atrás en la ordenanza, pero el juez se negó a ello considerando que estas advertencias eran razonables, ya que se realizaban en beneficio de la salud de los ciudadanos y la seguridad pública. Ahora se pretende que el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de Estados Unidos obligue a dar marcha atrás a la ordenanza con los argumentos antes descritos. Muchos están a favor de la inclusión de estos mensajes, considerando que se trata de un gran paso en favor de la salud pública, al intentar combatir problemas como la obesidad, la diabetes o la caries dental, así como otras enfermedades relacionadas con el consumo de los refrescos azucarados.
Existen muchas posibilidades de que finalmente se logre revertir la ordenanza, posiblemente se utilizarán otros argumentos como ocurrió en el caso de California, recordemos que se apuntaba que aunque la industria tiene una responsabilidad directa en términos de salud pública, no se consideraba que una etiqueta con mensajes como “un refresco azucarado aumenta el riesgo de sufrir diabetes” o “abusar de este producto favorece el sobrepeso y la obesidad”, pudieran cambiar los hábitos de consumo de la población.
Seguramente no tardaremos mucho en conocer la resolución sobre el escrito de la WLF, pero parece probable que esta ordenanza sea finalmente retirada.
Foto | Debbie Ramone
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