Los organismos europeos sufren la falta de capacidad de evaluación de los plaguicidas tóxicos

Según los resultados de una investigación desarrollada por la organización de consumidores Foodwatch, los organismos europeos sufren la falta de capacidad de evaluación de los plaguicidas tóxicos, concretamente aquellos que pueden alterar el sistema endocrino y afectar a la capacidad de reproducción. Estos productos fitosanitarios obtienen la renovación del permiso de uso de forma automática debido a que la evaluación sobre su nocividad se pospone una y otra vez.

Los nuevos conocimientos científicos sobre la toxicidad de algunos plaguicidas no se tienen en cuenta por la falta de evaluación, por lo que la organización de consumidores exige que se ponga fin a esta situación. No llevar a cabo estas evaluaciones permite que en el plato de comida de los consumidores estén presentes sustancias que afectan a la salud. Lo correcto sería aplicar el principio de precaución o la cláusula de salvaguardia en el contexto de la protección de los consumidores y la salud ante la falta de las evaluaciones que tengan en cuenta las nuevas evidencias científicas sobre la toxicidad de estos productos.

Esta situación parece mostrar que los organismos europeos tienen en cuenta principalmente los intereses económicos de los fabricantes de productos fitosanitarios, siempre por encima de los intereses y la salud de los consumidores. Claro, que hay muchos otros ejemplos que se podrían citar si hablamos de favorecer los intereses económicos en detrimento de la salud y seguridad de los consumidores, y en muchos casos no es por falta de evaluación. Se puede citar el intento de aumentar la tasa de mercurio permitida en el pescado al doble de lo que actualmente se permite en Europa, algo que persigue la CE desde el año 2015 y que claramente antepone los intereses políticos y económicos a los de los ciudadanos comunitarios, de ello hablábamos aquí.

Según la legislación europea, todas las sustancias utilizadas en los productos alimenticios, como son los plaguicidas, deben ser evaluadas tras 10 años de su aprobación, comprobando si existen nuevos hallazgos científicos que muestren posibles riesgos para la salud humana, animal o medioambiental. Según Foodwatch, la reevaluación no se ha realizado en más de 200 plaguicidas que se renuevan periódicamente ante la falta de nuevas evaluaciones, se apunta que algunos productos fueron aprobados en el año 2002 y hasta la fecha no han sido sometidos a este tipo de controles que la propia UE determina en su legislación.

Estos productos fitosanitarios que se pueden considerar de alto riesgo ante las nuevas evidencias científicas, se han estado renovando a pesar de que las sustancias con efectos nocivos para la salud no deben ser permitidas por ley. Ejemplos que se citan son los herbicidas quizalofop-P-tefuril y flumioxazina, que investigaciones científicas han determinado como tóxicos para la salud reproductiva. También se citan herbicidas como el clortoluron y la dimoxistrobina, o el insecticida Tiacloprid, por ser disruptores endocrinos que causan desequilibrios hormonales que han ampliado su permiso de uso a pesar de que en el año 2015 ya se determinaron sus propiedades perjudiciales, por lo que una reevaluación conduciría inevitablemente a la prohibición de uso.

La organización de consumidores comenta que un gran número de plaguicidas aprobados figuran desde el año 2015 en la lista de sustancias que suponen un riesgo para la salud de los seres humanos y del medio ambiente, siendo necesario que sean reemplazados por alternativas que resulten menos dañinas. Sin embargo, este verano se anunció la ampliación del permiso de uso para algunos de estos productos fitosanitarios de alto riesgo. Es necesario frenar esta práctica de renovación del permiso ante la falta de reevaluaciones y aplicar el principio de precaución, ya que debido a esta incoherencia, se está exponiendo a los ciudadanos y al medio ambiente a sustancias que probablemente no cumplan con los criterios de seguridad establecidos por la UE, con sus respectivas consecuencias.

Desde Foodwatch se exige el fin de estas prácticas y aplicar una moratoria al uso de aquellos productos fitosanitarios de riesgo hasta que se realicen las oportunas reevaluaciones, para ello, se ha puesto en marcha esta campaña de recogida de firmas. Resulta inaceptable que estas sustancias dañinas terminen en el plato de los consumidores, el sistema político debe priorizar los intereses y protección de los ciudadanos por encima de los intereses de los fabricantes de los productos fitosanitarios. Podéis conocer más detalles de la investigación realizada por la organización de consumidores a través de este artículo (Pdf).